Hemos recibido



 “DELITOS CONTRA LAS RELACIONES PARENTO - FILIALES”
HORACIO J. ROMERO VILLANUEVA – SEBASTIÁN DA VITA
1º edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2017.

          La promulgación del nuevo Código Civil y Comercial introdujo cambios en las disposiciones civiles sobre la obligación alimentaria, las que han repercutido en las figuras penales vinculadas. La adaptación de la legislación a la nueva realidad familiar y a sus distintas expresiones era ya una deuda del legislador con la sociedad, de allí que algunas de las nuevas previsiones impresionen por abruptas, aunque solo estén plasmando años de evolución jurisprudencial y doctrinaria, como así también principios propios de los instrumentos supranacionales que alcanzaron jerarquía constitucional ya hace más de veinte años.

         En este contexto, véase que el Código Civil y Comercial en su art. 431 se acerca a la institución del matrimonio indicando que es un proyecto de vida en común, potenciando así la idea de asistencia y cooperación; se trata de un proyecto de vida compartido, que presupone conjugar las aspiraciones de uno y otro, repartir esfuerzos y tomar decisiones considerando los intereses de ambos integrantes.

          Por cierto, el concepto de familia ya no comprende solo a aquellos unidos por vínculos legales, sino que el progenitor afín también forma parte. Se trata, en definitiva, del reconocimiento de la familia ensamblada, esto es, en el grupo constituido por una pareja unida en matrimonio o en unión convivencial y sus descendientes. El afín tiene deber de cuidado del niño en el ámbito doméstico, en cooperación con el progenitor del niño, y en caso de ruptura, si ha asumido los gastos del hijo de su pareja, se le impone una obligación alimentaria temporal (equivalente al tiempo de convivencia), que descansa en esta peculiar relación protectora convivencial, para que no se perjudique al niño en función de su situación anterior a la ruptura.

         A modo de resumen, podría decirse que el ideal de familia democrática ha transitado un largo camino, desde el concepto e matrimonio monogámico, religioso e indisoluble, centrado en el poder del marido, hasta la actualidad. Así, con el paso del tiempo, la readecuación del Código Civil se tornó imperativa. No solo era necesario alinearlo con diversos principios consagrados en los tratados en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional, sino también con las nuevas realidades sociales que merecían una consideración legislativa más clara. En lo que aquí interesa, a partir d ela incorporación a nuestro sistema jurídico de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la ley 23.849, y más recientemente con la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y  Adolescentes, la estructura jurídica centenaria del Código Civil había comenzado a resquebrajarse, e incluso muchas de sus normas habían quedado tácitamente derogadas, sea por disposiciones de mayor jerarquía normativa, o por aquellas de mayor especialidad.

        La adaptación de un nuevo texto, entonces, tuvo como punto relevante concordarlo con los postulados de esos instrumentos legales internacionales, el texto constitucional de 1994 y otras leyes que rigen en la materia, mediante las cuales la Argentina se comprometió a adoptar medidas adecuadas en cuestiones vinculadas con los niños, niñas y adolescentes en resguardo de si dignidad, libertad, y autodeterminación.   
          

“REVISTA INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  BUENOS AIRES”, Número 8, Febrero de 2016, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

          Este número de la Revista Institucional de la Defensa Pública se encuentra íntegramente dedicada a uno de los casos llevados adelante por el Ministerio Público de la Defensa ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Nos referimos a la causa “SERRA, GUSTAVO C/GOBIERNO E LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO (ART. 14 CONSTITUCIÓN DE LA CABA)”. EL CASO DEL “ELEFANTE BLANCO”.

          Se trata de un caso en que primeramente debe destacarse la dignidad de las personas que hacen un reclamo por sus derechos ante la Justicia, que contrasta con el trato que la sociedad y el Estado le dan. La prueba en este caso es de una evidencia superlativa: se vive en un edificio abandonado, una ruina que simboliza la crisis profunda del Estado de Bienestar. Ante los vecinos que lo habitan las palabras del Derecho, los valores implicados en la Constitución porteña, son palabras vacías de sentido, que no se plasman en acciones sociales y estatales concretas y efectivas. Y, sin embargo, esas personas enfrentan su situación con dignidad, y esto es lo que se percibe en cada lugar de la Ciudad en el que está presente la Defensa Pública: el enfrentamiento con dignidad de las condiciones, muchas veces inhumanas, en las cuales cotidianamente las personas viven.

          Y esto es, en alguna medida, lo que pretende transmitir la publicación: el valor no está en aquellos que pretenden expresar el Derecho, sino, por el contrario, en aquellos a quienes el Derecho les es negado. Porque en esas condiciones exigen al Estado por sus derechos, y si bien el Estado, con su inacción, muestra, más allá de los discursos, la relegada importancia práctica que le otorga a esos derechos, estos derechos renacen cuando las personas creen en ellos, los utilizan para comprender su situación, los reclaman ante la justicia y ésta, demostrando que es de verdad la institución a la que se puede acudir cuando lo intolerable se hace presente, reconoce aquellos derechos y le exige a los restantes poderes públicos que los respeten y efectivicen.

          Todo esto se ve en este caso, incluyendo la dificultad posterior en lograr que se ejecuten con plenitud y en tiempo oportuno las decisiones judiciales, dictadas en el caso por la jueza Elena Liberatori y por la Sala 2 de la Cámara del fuero contencioso, aun cuando la situación testimonie un caso atípico e incuestionable de trato inhumano.

           Dicho esto, el caso también permite apreciar otros aspectos de la Defensa pública. En este número se puede apreciar la importancia del trabajo colectivo, pues el caso fue llevado adelante gracias, en primer lugar, a la tenacidad y conciencia de los vecinos y, luego, por la acción complementaria de una Defensoría contencioso administrativa en conjunción con uno de los programas de hábitat, derecho de la ciudad y abordaje territorial.

           La revista se refiere a todos estos aspectos pero siempre privilegiando la voz de los protagonistas, con la conciencia de que el saber y la práctica movilizados por las instituciones públicas están al servicio de los derechos de las personas que conforman nuestra comunidad.


“REVISTA INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  BUENOS AIRES”, Número 9, Julio de 2016, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

          En esta oportunidad, la Revista Institucional de la Defensa Pública contiene una serie de artículos vinculados a los Derechos Culturales. Si bien el concepto “Cultura” posee una diversidad muy profunda de significados, a fines del siglo XIX se contrapuso a la idea de cultura en singular –en cuanto cualidad distintiva de las sociedades occidentales respecto de las sociedades llamadas primitivas- la idea de cultura en plural. Cada sociedad tiene su cultura, su forma particular de ser en el mundo. Ese cambio de significación, alentado por la reacción posterior a la Segunda Guerra Mundial en términos de Derechos Humanos hasta los procesos de descolonización, es el que está en la base del concepto de los Derechos Culturales.

         Los Derechos Culturales, como se muestra en varios trabajos de este número, están consagrados en el derecho internacional de los Derechos Humanos, cuya práctica ha profundizado en su concepto. Entre otros documentos ocupa un lugar destacado la “Observación General Nº 21”, del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También, están consagrados en la Constitución de la Ciudad (art. 32) y desarrollados en una enorme legislación local, tan variada como su objeto.

          Los Derechos Culturales, como todos los derechos en el actual constitucionalismo, plantean desafíos al derecho procesal en sus distintos aspectos, desde la legitimación hasta los efectos de las sentencias. Paralelamente, hay una extensa experiencia sobre los Derechos Culturales en nuestro Poder Judicial, que involucra tanto aspectos procesales como sustanciales. Entre otros casos, que también son referenciados en esta revista, cabe destacar la controversia en su momento suscitada por la exposición de León Ferrari realizada en el Centro Cultural Recoleta. Caso de interés pues, a través de una acción judicial, se pretendió que se dejara sin efecto una política cultural del Gobierno de la Ciudad.

           Es indudable que el Ministerio público de la defensa tiene un rol fundamental que cumplir en la tarea de asegurar el acceso a la justicia respecto de los Derechos Culturales. En ese sentido, se ha creado un programa sobre Derechos Culturales de carácter específico con el objeto de abordar la cuestión de manera interdisciplinaria.

           Todos estos aspectos, aquí solo mencionados, son tratados en los diversos ensayos de este número, con un fuerte contenido interdisciplinario y coordinado por la Dra. Mariana Pucciarello, defensora de cámara del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario.

         Como los restantes números de esta revista, este es una forma de expresar el compromiso del Ministerio Público de la defensa con la cultura de los Derechos Humanos, que la relaciona con otras instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, a  fin de generar encuentros y debates que, en definitiva, coadyuven a garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad.


“REVISTA INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  BUENOS AIRES”, Número 10, Septiembre de 2016, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

          Este número de la Revista Institucional de la Defensa Pública está dedicado al Derecho de la Ciudad y a la integración social urbana.

          Desde hace años, la defensa pública trabaja a favor de los derechos sociales: derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación adecuada, todo ello en el ámbito de la ciudad.

        También defiende aquellos imputados de faltas, contravenciones y delitos en el ámbito de la ciudad, para segura de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa.

         El Derecho a la Ciudad engloba y trasciende tales derechos. Los incorpora y los desarrolla tomando explícitamente en cuenta la dimensión urbana.

         ¿Cuáles son los contenidos del Derecho a la Ciudad? ¿Cómo tenemos que modificar el derecho vigente para adecuarlo al Derecho a la Ciudad? ¿Cómo tenemos que repensar las reglas urbanísticas, arquitectónicas, ambientales, financieras (presupuestarias y tributarias), contractuales para ajustarlas en términos de Derecho a la Ciudad? ¿Cómo integramos de forma real a todos los segregados en la ciudad?

         Los trabajos que se publican en el presente número dan cuenta de estos interrogantes, muestran el estado de situación del debate, se problematizan los conceptos y se narran experiencias, a través de colaboraciones nacionales y extranjeras. Los distintos temas se agrupan en cuatro capítulos: Discusiones sobre el derecho a la ciudad y las Políticas Urbanas; Enfoque para la integración social y urbana; Análisis y experiencias en el proceso de construcción de ciudad y Aportes desde la perspectiva internacional.

         Previamente, se publica un documento preliminar sobre la justicia social urbana, un texto elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basado en cinco puntos fundamentales:

1- Perspectiva de los Derechos Humanos: Una de las corrientes jurídicas más importantes del mundo actual consiste en la perspectiva de los Derechos Humanos. Ella tiene a su vez uno de los anclajes en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Este derecho está compuesto por una serie de tratados internacionales, pero también por órganos que interpretan y aplican esos tratados, así como por una multiplicidad de actores que participan en la construcción de una doctrina sobre los Derechos Humanos.
       Establecidos los derechos, se abre la lucha por su concreción efectiva, por la transformación de una realidad basada en injusticias y desigualdades.
2- Acceso a la Justicia: Ante las violaciones de los derechos, ya sea por acción u omisión, en las democracias constitucionales se abre la posibilidad de acudir a los tribunales para exigir el cese de aquella lesión. Pero, sin duda, las mismas desigualdades estructurales que están en la base de muchas violaciones a los Derechos Humanos también impiden acceder a la justicia. En otros términos: las políticas que generan (o mantienen) las desigualdades e injusticias también dificultan el acceso a la justicia.
         Esto ha conducido a diseñar mecanismos institucionales que permitan ejercer efectivamente el derecho a la justicia: los organismos públicos de defensa de derechos, con capacidad para reclamar a la administración y para asistir a las personas como abogados públicos y gratuitos.
3- El Derecho a la Ciudad: Se trata de ver el conjunto de los Derechos Humanos a la luz de la específica problemática urbana. Y como ha sucedido hasta ahora en la práctica jurídica: el desarrollo de los derechos genera nueves demandas y, por ende, nuevos derechos, que así revelan se naturaleza expansiva.
4- Justicia social urbana: Aquí se propone conjugar ambas perspectivas bajo la idea de una justicia social urbana. Forjar el Derecho a la Ciudad, pero también pensar el acceso a la justicia y la creación de instituciones públicas defensoras de derechos para asegurar ese acceso y, luego, asegurarse el propio Derecho de la Ciudad.
5- Instituciones de Defensa Pública de Derechos: Dado que la atención en general está puesta en el Derecho a la Ciudad, aquí se propone poner el foco en el acceso a la justicia y en las instituciones de defensa. Y un ejemplo de esas instituciones es el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Todos los ejemplares se encuentran disponibles en la Biblioteca Central de nuestra Universidad.